COLOMBIA
La Corporación Colectivo de Abogados ?José Alvear Restrepo? y el Movimiento Nacional de Víctimas de Estado (MOVICE) denuncian ante la comunidad nacional e internacional amenazas en el marco de la movilización de marzo 6 de 2012, ?El despojo de tierras: otro crimen de Estado?
Hechos
El lunes 27 de febrero, se recibió vía correo Servientrega en las instalaciones del Colectivo de Abogados ?José Alvear Restrepo?, un sobre de manila, remitido por una persona de nombre José Alfredo Jiménez, dirección Calle 52 No 17ª-32 proveniente de la ciudad de Jamundí ? valle del Cauca, que contenía una amenaza en nombre de quienes se autodenominan Comandos Urbanos Los Rastrojos.
En la amenaza, declaran objetivo militar a otras organizaciones e individuos, entre éstas, al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Corporación Ayuda Humanitaria (Antioquia), ASODOP (Antioquia), Fundación Colombian?s Human Righs (Tolima), Asociación de Grupos Juveniles Libertad (Valle del Cauca), dos integrantes de la CUT y del sindicato Anthoc, Alexander López Maya Senador, Wilsón Borja Díaz Ex Senador, Jorge Enrique Robledo Senador.
El martes 28 de febrero, otro panfleto, firmado por las ?Águilas Negras Bloque Capital?, fue enviado por Servientrega al Colectivo de Abogados ?José Alvear Restrepo?. Dicha amenaza, que nombra especialmente a las mujeres defensores de derechos humanos y sus organizaciones, ?Sentencia a la pena de muerte a las perras guerrilleras de las farc las cuales se openen a las políticas de nuestro gobierno y que hacen lavado de cerebro a los desplazados haciéndose pasar por lideres defensores de derechos humanos y dejen de joder con el tema de reparación de tierras porque todo el que haga esta gestión va a ser asesinado por nosotros?. Las personas nombradas incluyen ?ACNUR, Casa Mujer, Ruta Pascfica, Fundhefem, Arco Iris, Sisma Mujer, Afromupaz, Codhes, MOVICE, PNUDH, Afrodes, Juntos por la Vida y la Marcha Indijena.? Además de unas 15 personas más, principalmente mujeres, entre ellos Piedad Córdoba, una integrante del CCAJAR, Iván Cepeda, una integrante de la Unidad Técnica Legislativa de Iván Cepeda, y Gustavo Petro.
Estas amenazas se llevan a cabo una semana antes de la realización de la movilización a nivel nacional que se realizará el próximo 6 de marzo en el marco del día nacional e internacional de las Víctimas de Crímenes de Estado que se conmemora desde el año 2008.
Antecedentes
Tanto el CCAJAR como el MOVICE han sufrido una sistemática revictimización a manos de instituciones del Estado y grupos paramilitares.
El 23 de febrero, se presentó un robo de información del domicilio de la secretaria técnica del MOVICE Capítulo Norte de Santander, Nubia Mendoza. Igualmente, en noviembre del año pasado, se hurtaron computadores del integrante activo del MOVICE Capítulo Nariño, Edgar Montilla. En los dos casos, los ladrones entraron de manera profesional, sin violentar las chapas, y se limitaron a robar listados e información digital.
El 21 de febrero, varios integrantes del MOVICE Capítulo Nariño recibieron un correo amenazante del ?Grupo Anti Restitución?, en el cual se advierte que "No entregaremos ni un milímetro de tierra, territorio o bienes para sufragar restituciones ilegales e impuestas por la presión internacional." Lo anterior tiene como antecedentes las amenazas recibidas por campesinos en los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira, firmadas por ?Grupos Armados Anti Restitución? que tendrían la intención de evitar la restitución de tierras.
Estas agresiones, llevadas a cabo de manera similar en puntos muy alejados de la geografía nacional, confirman la existencia de una estrategia de persecución sistemática contra las víctimas de crímenes de Estado y los reclamantes de tierras a lo largo del territorio nacional. De la misma manera, demuestra que el paramilitarismo sigue activo, como consecuencia lógica de la negativa del gobierno nacional de desmantelar de manera real las estructuras paramilitares, depurar las instituciones públicas, y desmontar las otras estrategias de represión, como los montajes judiciales, que igualmente pretenden silenciar las voces de las víctimas de crímenes de Estado. La connivencia del gobierno nacional con las acciones de estos grupos se refleja en la amenaza firmada por las Águilas Negras, en que se sentencia a muerte a las personas que ?se oponen a las políticas de nuestro gobierno?, y la impunidad con que dichos grupos continúan actuando.
Exigencias
1. Al Estado Colombiano: adoptar las medidas inmediatas de prevención y protección para garantizar la vida y la integridad física de los integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, y demás organizaciones y personas nombradas en esta amenaza.
2. Se exige a la Fiscalía y la Rama Judicial que actúen de manera eficaz, con autonomía e imparcialidad, en las investigaciones y fallos contra los actores materiales e intelectuales de los hechos antes mencionados.
3. Se exige al Presidente de la República y al Ministerio del Interior y de Justicia que garantice la seguridad de las personas que participen en las actividades del 6 de marzo, antes, durante, y después de la movilización.
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE)
29 de febrero 2012
La Corporación Colectivo de Abogados ?José Alvear Restrepo? y el Movimiento Nacional de Víctimas de Estado (MOVICE) denuncian ante la comunidad nacional e internacional amenazas en el marco de la movilización de marzo 6 de 2012, ?El despojo de tierras: otro crimen de Estado?
Hechos
El lunes 27 de febrero, se recibió vía correo Servientrega en las instalaciones del Colectivo de Abogados ?José Alvear Restrepo?, un sobre de manila, remitido por una persona de nombre José Alfredo Jiménez, dirección Calle 52 No 17ª-32 proveniente de la ciudad de Jamundí ? valle del Cauca, que contenía una amenaza en nombre de quienes se autodenominan Comandos Urbanos Los Rastrojos.
En la amenaza, declaran objetivo militar a otras organizaciones e individuos, entre éstas, al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Corporación Ayuda Humanitaria (Antioquia), ASODOP (Antioquia), Fundación Colombian?s Human Righs (Tolima), Asociación de Grupos Juveniles Libertad (Valle del Cauca), dos integrantes de la CUT y del sindicato Anthoc, Alexander López Maya Senador, Wilsón Borja Díaz Ex Senador, Jorge Enrique Robledo Senador.
El martes 28 de febrero, otro panfleto, firmado por las ?Águilas Negras Bloque Capital?, fue enviado por Servientrega al Colectivo de Abogados ?José Alvear Restrepo?. Dicha amenaza, que nombra especialmente a las mujeres defensores de derechos humanos y sus organizaciones, ?Sentencia a la pena de muerte a las perras guerrilleras de las farc las cuales se openen a las políticas de nuestro gobierno y que hacen lavado de cerebro a los desplazados haciéndose pasar por lideres defensores de derechos humanos y dejen de joder con el tema de reparación de tierras porque todo el que haga esta gestión va a ser asesinado por nosotros?. Las personas nombradas incluyen ?ACNUR, Casa Mujer, Ruta Pascfica, Fundhefem, Arco Iris, Sisma Mujer, Afromupaz, Codhes, MOVICE, PNUDH, Afrodes, Juntos por la Vida y la Marcha Indijena.? Además de unas 15 personas más, principalmente mujeres, entre ellos Piedad Córdoba, una integrante del CCAJAR, Iván Cepeda, una integrante de la Unidad Técnica Legislativa de Iván Cepeda, y Gustavo Petro.
Estas amenazas se llevan a cabo una semana antes de la realización de la movilización a nivel nacional que se realizará el próximo 6 de marzo en el marco del día nacional e internacional de las Víctimas de Crímenes de Estado que se conmemora desde el año 2008.
Antecedentes
Tanto el CCAJAR como el MOVICE han sufrido una sistemática revictimización a manos de instituciones del Estado y grupos paramilitares.
El 23 de febrero, se presentó un robo de información del domicilio de la secretaria técnica del MOVICE Capítulo Norte de Santander, Nubia Mendoza. Igualmente, en noviembre del año pasado, se hurtaron computadores del integrante activo del MOVICE Capítulo Nariño, Edgar Montilla. En los dos casos, los ladrones entraron de manera profesional, sin violentar las chapas, y se limitaron a robar listados e información digital.
El 21 de febrero, varios integrantes del MOVICE Capítulo Nariño recibieron un correo amenazante del ?Grupo Anti Restitución?, en el cual se advierte que "No entregaremos ni un milímetro de tierra, territorio o bienes para sufragar restituciones ilegales e impuestas por la presión internacional." Lo anterior tiene como antecedentes las amenazas recibidas por campesinos en los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira, firmadas por ?Grupos Armados Anti Restitución? que tendrían la intención de evitar la restitución de tierras.
Estas agresiones, llevadas a cabo de manera similar en puntos muy alejados de la geografía nacional, confirman la existencia de una estrategia de persecución sistemática contra las víctimas de crímenes de Estado y los reclamantes de tierras a lo largo del territorio nacional. De la misma manera, demuestra que el paramilitarismo sigue activo, como consecuencia lógica de la negativa del gobierno nacional de desmantelar de manera real las estructuras paramilitares, depurar las instituciones públicas, y desmontar las otras estrategias de represión, como los montajes judiciales, que igualmente pretenden silenciar las voces de las víctimas de crímenes de Estado. La connivencia del gobierno nacional con las acciones de estos grupos se refleja en la amenaza firmada por las Águilas Negras, en que se sentencia a muerte a las personas que ?se oponen a las políticas de nuestro gobierno?, y la impunidad con que dichos grupos continúan actuando.
Exigencias
1. Al Estado Colombiano: adoptar las medidas inmediatas de prevención y protección para garantizar la vida y la integridad física de los integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, y demás organizaciones y personas nombradas en esta amenaza.
2. Se exige a la Fiscalía y la Rama Judicial que actúen de manera eficaz, con autonomía e imparcialidad, en las investigaciones y fallos contra los actores materiales e intelectuales de los hechos antes mencionados.
3. Se exige al Presidente de la República y al Ministerio del Interior y de Justicia que garantice la seguridad de las personas que participen en las actividades del 6 de marzo, antes, durante, y después de la movilización.
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE)
29 de febrero 2012
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