MEXICOGrupos de autodefensa y paramilitarismo
Por Miguel Ángel Ferrer
Se trata de una especie de milicias
armadas populares de carácter local. Fueron naciendo para proteger a sus
propias comunidades del accionar de las diversas expresiones de la llamada
delincuencia organizada: narcotráfico, secuestros, extorsiones, tala
clandestina, abigeato, venta de protección, robo, despojo y asesinato.
Son varias las entidades mexicanas en las que se conoce, en mayor o menor
medida, la presencia y desarrollo de esos grupos de autodefensa: Michoacán,
Guerrero y Jalisco. Pero es muy probable que ya haya gérmenes de esa
modalidad de autodefensa ciudadana y popular en otras entidades, regiones y
localidades del país.
Esta forma de autodefensa ciudadana y popular es fruto de la incapacidad
del Estado para proteger a los ciudadanos de las citadas y crecientes
actividades delictivas Pero, desde luego, ese mismo Estado no puede ver con
buenos ojos la creación y desarrollo de grupos armados, por más legítimas y
explicables que sean sus razones para existir.
Y hasta ahora, el Estado ha oscilado entre la pura y simple condena de los
grupos de autodefensa, los exhortos a su disolución y los intentos no muy
firmes y ocasionales de la represión policiaca, judicial y hasta militar.
También hasta ahora ninguna de esas acciones prefigura la limitación o
desaparición de aquellas milicias populares. Al contrario: cada día son más
frecuentes las noticias sobre nuevos grupos de autodefensa y la extensión y
fortalecimiento de los ya existentes y conocidos.
Como parte de los esfuerzos del Estado para combatir a las policías
comunitarias, se puso en marcha una calumniosa campaña mediática para
acusar a esos grupos de autodefensa de encontrarse ligados al narcotráfico
y a otras variadas expresiones de la delincuencia organizada. Ligados o
infiltrados o financiados o influidos o incluso generados por ésta.
Sin negar, desde luego, que tales acusaciones pueden tener alguna base,
pensar que esta sería la explicación del nacimiento y desarrollo de las
policías comunitarias implicaría cerrar los ojos ante el desbordamiento de
la delincuencia organizada y ante la incapacidad estatal para combatirla,
frenarla y reducirla.
La utilización y amplia difusión de esa campaña mediática descalificadora
de las policías comunitarias no resuelve el problema de su justificada
existencia y crecimiento. Como tampoco resuelve el problema del
desbordamiento de las mencionadas expresiones de la delincuencia
organizada. Frente a ambos asuntos el Estado se muestra incompetente,
omiso, rebasado.
Y si bien es cierto que es explicable y justificable la existencia y
crecimiento de los grupos armados de autodefensa, a nadie y menos que a
nadie al Estado se le debería escapar que, al influjo de diversos fenómenos
e influencias sociales, políticos, económicos y hasta culturales, los
grupos armados ciudadanos pueden derivar en organizaciones paramilitares
desligadas o renegadas de su justificado origen.
Caudillos y gobiernos locales, grupos empresariales, organizaciones de
delincuentes, organismos de inteligencia nacionales y extranjeros y muchas
fuerzas políticas más pueden verse tentados a crear o comandar sus propios
grupos paramilitares en procura de sus legítimos o ilegítimos intereses
particulares.
Y frente a esta situación potencialmente catastrófica, el Estado sólo
acierta a echar más leña al fuego del evidente deterioro del país con
reformas legales, discursos y campañas mediáticas que a nadie convencen y
que nada resuelven.
Por Miguel Ángel Ferrer
Se trata de una especie de milicias
armadas populares de carácter local. Fueron naciendo para proteger a sus
propias comunidades del accionar de las diversas expresiones de la llamada
delincuencia organizada: narcotráfico, secuestros, extorsiones, tala
clandestina, abigeato, venta de protección, robo, despojo y asesinato.
Son varias las entidades mexicanas en las que se conoce, en mayor o menor
medida, la presencia y desarrollo de esos grupos de autodefensa: Michoacán,
Guerrero y Jalisco. Pero es muy probable que ya haya gérmenes de esa
modalidad de autodefensa ciudadana y popular en otras entidades, regiones y
localidades del país.
Esta forma de autodefensa ciudadana y popular es fruto de la incapacidad
del Estado para proteger a los ciudadanos de las citadas y crecientes
actividades delictivas Pero, desde luego, ese mismo Estado no puede ver con
buenos ojos la creación y desarrollo de grupos armados, por más legítimas y
explicables que sean sus razones para existir.
Y hasta ahora, el Estado ha oscilado entre la pura y simple condena de los
grupos de autodefensa, los exhortos a su disolución y los intentos no muy
firmes y ocasionales de la represión policiaca, judicial y hasta militar.
También hasta ahora ninguna de esas acciones prefigura la limitación o
desaparición de aquellas milicias populares. Al contrario: cada día son más
frecuentes las noticias sobre nuevos grupos de autodefensa y la extensión y
fortalecimiento de los ya existentes y conocidos.
Como parte de los esfuerzos del Estado para combatir a las policías
comunitarias, se puso en marcha una calumniosa campaña mediática para
acusar a esos grupos de autodefensa de encontrarse ligados al narcotráfico
y a otras variadas expresiones de la delincuencia organizada. Ligados o
infiltrados o financiados o influidos o incluso generados por ésta.
Sin negar, desde luego, que tales acusaciones pueden tener alguna base,
pensar que esta sería la explicación del nacimiento y desarrollo de las
policías comunitarias implicaría cerrar los ojos ante el desbordamiento de
la delincuencia organizada y ante la incapacidad estatal para combatirla,
frenarla y reducirla.
La utilización y amplia difusión de esa campaña mediática descalificadora
de las policías comunitarias no resuelve el problema de su justificada
existencia y crecimiento. Como tampoco resuelve el problema del
desbordamiento de las mencionadas expresiones de la delincuencia
organizada. Frente a ambos asuntos el Estado se muestra incompetente,
omiso, rebasado.
Y si bien es cierto que es explicable y justificable la existencia y
crecimiento de los grupos armados de autodefensa, a nadie y menos que a
nadie al Estado se le debería escapar que, al influjo de diversos fenómenos
e influencias sociales, políticos, económicos y hasta culturales, los
grupos armados ciudadanos pueden derivar en organizaciones paramilitares
desligadas o renegadas de su justificado origen.
Caudillos y gobiernos locales, grupos empresariales, organizaciones de
delincuentes, organismos de inteligencia nacionales y extranjeros y muchas
fuerzas políticas más pueden verse tentados a crear o comandar sus propios
grupos paramilitares en procura de sus legítimos o ilegítimos intereses
particulares.
Y frente a esta situación potencialmente catastrófica, el Estado sólo
acierta a echar más leña al fuego del evidente deterioro del país con
reformas legales, discursos y campañas mediáticas que a nadie convencen y
que nada resuelven.
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