COLOMBIA
Declaración pública
En torno a la paz y la solución política al conflicto interno Juan Manuel Santos, en una nueva muestra de desespero, expresó ante el país el pasado 11 de junio, en la Escuela Militar José María Córdoba, que si las guerrillas estábamos hablando de paz era gracias a la contundencia de las Fuerzas Armadas. Y añadió otra manifestación que dice mucho de su compromiso con la reconciliación y la paz democrática: sólo se producirá la posibilidad de diálogos cuando se tenga la seguridad de que estos se realizarán ?bajo nuestras condiciones y nuestro dominio".
Tan disparatada interpretación de la realidad pone de presente la concepción que inspira el discurso oficial. La vía pacífica, democrática, dialogada, para solucionar el gravísimo conflicto que aqueja a Colombia, ha sido bandera de las FARC desde su nacimiento. La levantó el movimiento agrario de Marquetalia al conocerse en 1962 la proyectada agresión oficial. La guerra, el aplastamiento violento de la organización popular y la oposición política, ha sido el histórico mecanismo de dominación de la oligarquía colombiana y su amo imperialista.
La intolerancia del régimen se corresponde con los intereses hegemónicos del gran capital transnacional, expresados para nuestro continente desde el llamado Consenso de Washington. Libre comercio, privatizaciones, flexibilización laboral, apertura total a la inversión extranjera directa, es decir, la más pura ortodoxia neoliberal en el campo de la economía, requiere para su imposición la absoluta dominación ideológica y cultural en el campo de la política.
El extraordinario esfuerzo de Santos por entregar en lotes el territorio nacional a las corporaciones mineras y agroindustriales, su desprecio por las condiciones de vida de las comunidades y las condiciones laborales de la mano de obra colombiana, sus reiterados privilegios al gran capital en desmedro del medio ambiente y la producción nacional han sido convertidos en dogmas sagrados. A nadie se le permite ponerlos en duda o discutirlos. Se trata ni más ni menos que de los derechos del capital, mucho más importantes que los derechos de la sociedad, los derechos humanos o cualquier otra categoría de derechos.
Si hasta hoy, pese a los sucesivos espacios conquistados por la lucha popular para hablar de paz en los últimos 30 años de historia, ha sido imposible llegar a un acuerdo de solución dialogada, ha sido precisamente por la negación de las clases dominantes a admitir la mínima variante en sus proyectos de dominación económica y política. Eso vuelve a ponerse de presente con el actual gobierno.
Lo que el régimen pretende a costa de las FARC y de los derechos de la inmensa mayoría de compatriotas es relegitimar ante el concierto mundial su modelo terrorista de Estado. Borrar de un plumazo la horrible y larga noche de crímenes y horror mediante la cual el gran capital y los terratenientes, representados en los poderes públicos, han acumulado fortunas y propiedades para adelantar sus gigantescos proyectos de enriquecimiento. Por ello se escuda hipócritamente en una supuesta intervención de la justicia internacional en contra de los alzados.
No son los guerrilleros colombianos quienes deben responder por las prácticas atroces y genocidas que el Estado colombiano, por mano de sus fuerzas armadas oficiales y paramilitares, bajo la orientación de las agencias de inteligencia norteamericanas y el Pentágono, se ha encargado de practicar de modo sistemático contra su población durante muchas décadas.
No va a ser a costa de acusaciones infamantes y gratuitas contra la lucha popular, que los gorilas y monstruos que han ensangrentado y sembrado de tumbas a Colombia van a salvar su responsabilidad, como de modo cínico se consagra en el llamado marco legal para la paz. El descaro del Congreso que lo expide se refuerza con la vergonzosa reforma judicial recién aprobada a instancias del gobierno.
La retórica de Santos pone cada día más al desnudo su verdadero contenido. El único acuerdo de paz que espera es un contrato de adhesión, en el que una guerrilla arrepentida y llorosa se rinde de rodillas ante el gran capital, agradecido de haber sido perdonada como el hijo pródigo. Un ícono económico, militar, ideológico, político y cultural para sellar material mente su dominación de clase ante la sociedad entera, el triunfo hegemónico del capitalismo salvaje.
Tan elitista y soberbia es su actitud oligárquica, que pretende centrar el debate en si el Comandante de las FARC puede ser o no congresista, como si se tratara de que la lucha del pueblo colombiano y la insurgencia apuntara apenas a una simple reinserción a su podrido régimen político.
Ahora se intenta poner al señor Uribe a desempeñar el papel que en su tiempo jugara el senador Álvaro Gómez Hurtado, como una especie de símbolo de la ultraderecha al que había que manejar con cuidado y complacer, así no se estuviera de acuerdo con él en todo. El Partido Liberal compartía el poder con el hijo de Laureano, tal y como hace Santos con su publicitado rival hoy. El pueblo colombiano aprende de la historia, la oligarquía parece que no, e insiste en repetirla neciamente.
Más claro no podemos hablar. La solución política al conflicto colombiano es parte inseparable de nuestro acervo ideológico y político, no es el producto de ninguna presión militar.
Las FARC-EP somos pueblo colombiano en armas, seguimos combatiendo y seguiremos combatiendo hasta que desaparezcan las causas que dieron origen y siguen alimentando el conflicto colombiano. Nuestra voluntad de paz se enmarca en ese criterio elemental. El régimen político, el manejo económico y social del país requieren profundas reformas que deben nacer del debate abierto y democrático con todas las fuerzas del país. No entendemos por qué si Santos desea tanto la paz le tiene tanto temor a eso.
Ahora habla de drones y otras locuras, como si lo que Colombia requiriera fuera de más muertes y derroche. Lo que la nación colombiana está reclamando a gritos en calles y plazas es que se abran las puertas del diálogo y la reconciliación, que se le dé la real oportunidad y el derecho a hablar, a exponer, a movilizarse y decidir acerca del futuro del país.
SECRETARIADO DEL ESTADO MAYOR CENTRAL DE LAS FARC-EP
Montañas de Colombia, 22 de junio de 2011
En torno a la paz y la solución política al conflicto interno Juan Manuel Santos, en una nueva muestra de desespero, expresó ante el país el pasado 11 de junio, en la Escuela Militar José María Córdoba, que si las guerrillas estábamos hablando de paz era gracias a la contundencia de las Fuerzas Armadas. Y añadió otra manifestación que dice mucho de su compromiso con la reconciliación y la paz democrática: sólo se producirá la posibilidad de diálogos cuando se tenga la seguridad de que estos se realizarán ?bajo nuestras condiciones y nuestro dominio".
Tan disparatada interpretación de la realidad pone de presente la concepción que inspira el discurso oficial. La vía pacífica, democrática, dialogada, para solucionar el gravísimo conflicto que aqueja a Colombia, ha sido bandera de las FARC desde su nacimiento. La levantó el movimiento agrario de Marquetalia al conocerse en 1962 la proyectada agresión oficial. La guerra, el aplastamiento violento de la organización popular y la oposición política, ha sido el histórico mecanismo de dominación de la oligarquía colombiana y su amo imperialista.
La intolerancia del régimen se corresponde con los intereses hegemónicos del gran capital transnacional, expresados para nuestro continente desde el llamado Consenso de Washington. Libre comercio, privatizaciones, flexibilización laboral, apertura total a la inversión extranjera directa, es decir, la más pura ortodoxia neoliberal en el campo de la economía, requiere para su imposición la absoluta dominación ideológica y cultural en el campo de la política.
El extraordinario esfuerzo de Santos por entregar en lotes el territorio nacional a las corporaciones mineras y agroindustriales, su desprecio por las condiciones de vida de las comunidades y las condiciones laborales de la mano de obra colombiana, sus reiterados privilegios al gran capital en desmedro del medio ambiente y la producción nacional han sido convertidos en dogmas sagrados. A nadie se le permite ponerlos en duda o discutirlos. Se trata ni más ni menos que de los derechos del capital, mucho más importantes que los derechos de la sociedad, los derechos humanos o cualquier otra categoría de derechos.
Si hasta hoy, pese a los sucesivos espacios conquistados por la lucha popular para hablar de paz en los últimos 30 años de historia, ha sido imposible llegar a un acuerdo de solución dialogada, ha sido precisamente por la negación de las clases dominantes a admitir la mínima variante en sus proyectos de dominación económica y política. Eso vuelve a ponerse de presente con el actual gobierno.
Lo que el régimen pretende a costa de las FARC y de los derechos de la inmensa mayoría de compatriotas es relegitimar ante el concierto mundial su modelo terrorista de Estado. Borrar de un plumazo la horrible y larga noche de crímenes y horror mediante la cual el gran capital y los terratenientes, representados en los poderes públicos, han acumulado fortunas y propiedades para adelantar sus gigantescos proyectos de enriquecimiento. Por ello se escuda hipócritamente en una supuesta intervención de la justicia internacional en contra de los alzados.
No son los guerrilleros colombianos quienes deben responder por las prácticas atroces y genocidas que el Estado colombiano, por mano de sus fuerzas armadas oficiales y paramilitares, bajo la orientación de las agencias de inteligencia norteamericanas y el Pentágono, se ha encargado de practicar de modo sistemático contra su población durante muchas décadas.
No va a ser a costa de acusaciones infamantes y gratuitas contra la lucha popular, que los gorilas y monstruos que han ensangrentado y sembrado de tumbas a Colombia van a salvar su responsabilidad, como de modo cínico se consagra en el llamado marco legal para la paz. El descaro del Congreso que lo expide se refuerza con la vergonzosa reforma judicial recién aprobada a instancias del gobierno.
La retórica de Santos pone cada día más al desnudo su verdadero contenido. El único acuerdo de paz que espera es un contrato de adhesión, en el que una guerrilla arrepentida y llorosa se rinde de rodillas ante el gran capital, agradecido de haber sido perdonada como el hijo pródigo. Un ícono económico, militar, ideológico, político y cultural para sellar material mente su dominación de clase ante la sociedad entera, el triunfo hegemónico del capitalismo salvaje.
Tan elitista y soberbia es su actitud oligárquica, que pretende centrar el debate en si el Comandante de las FARC puede ser o no congresista, como si se tratara de que la lucha del pueblo colombiano y la insurgencia apuntara apenas a una simple reinserción a su podrido régimen político.
Ahora se intenta poner al señor Uribe a desempeñar el papel que en su tiempo jugara el senador Álvaro Gómez Hurtado, como una especie de símbolo de la ultraderecha al que había que manejar con cuidado y complacer, así no se estuviera de acuerdo con él en todo. El Partido Liberal compartía el poder con el hijo de Laureano, tal y como hace Santos con su publicitado rival hoy. El pueblo colombiano aprende de la historia, la oligarquía parece que no, e insiste en repetirla neciamente.
Más claro no podemos hablar. La solución política al conflicto colombiano es parte inseparable de nuestro acervo ideológico y político, no es el producto de ninguna presión militar.
Las FARC-EP somos pueblo colombiano en armas, seguimos combatiendo y seguiremos combatiendo hasta que desaparezcan las causas que dieron origen y siguen alimentando el conflicto colombiano. Nuestra voluntad de paz se enmarca en ese criterio elemental. El régimen político, el manejo económico y social del país requieren profundas reformas que deben nacer del debate abierto y democrático con todas las fuerzas del país. No entendemos por qué si Santos desea tanto la paz le tiene tanto temor a eso.
Ahora habla de drones y otras locuras, como si lo que Colombia requiriera fuera de más muertes y derroche. Lo que la nación colombiana está reclamando a gritos en calles y plazas es que se abran las puertas del diálogo y la reconciliación, que se le dé la real oportunidad y el derecho a hablar, a exponer, a movilizarse y decidir acerca del futuro del país.
SECRETARIADO DEL ESTADO MAYOR CENTRAL DE LAS FARC-EP
Montañas de Colombia, 22 de junio de 2011
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