PARAGUAY
Un informe señaló a la represión policial como responsable de la "Masacre de Curuguaty", utilizada como excusa para deponer al ex presidente. Revelan falsas evidencias para inculpar a los campesinos.
Un documentado informe de la Plataforma de Estudios e Investigaciones de Conflictos Campesinos responsabilizó hoy a la represión policial por el saldo trágico del desalojo campesino en la llamada "masacre de Curuguaty", que derivó en el golpe parlamentario que destituyó al ex presidente paraguayo Fernando Lugo.
El estudio, presentado por el presidente de la Plataforma, el veterano dirigente político Domingo Laino, está avalado por videos, fotos y declaraciones de testigos del episodio ocurrido el pasado junio en la localidad de Curuguaty, que culminó con la muerte de 11 campesinos y seis policías.
El hecho, que conmocionó a la sociedad paraguaya, fue provocado por un supuesto apoyo de Lugo a grupos violentos de labriegos -según se alegó-, que presuntamente emboscaron a la fuerza pública, y constituyó la principal acusación durante el juicio político abierto al mandatario para desalojarlo de su cargo.
El informe, elaborado por un equipo dirigido por el jurista español Altor Martínez, señaló que en el desalojo estuvieron 323 efectivos policiales, que debían negociar la salida del terreno ocupado por 60 campesinos, pero la violencia generó también más de 100 heridos.
Durante una conferencia de prensa, se mostraron videos e imágenes que desmienten la alegada emboscada campesina, pues en la recepción a los policías estaban presentes hasta mujeres y niños, algo insólito si se hubiera preparado un ataque, a la vez que los campesinos actuaron prácticamente desarmados.
El tipo de disparos, sus sonidos y las heridas producto de ellos determinan la utilización de armas de grueso calibre, automáticas, que nunca fueron halladas en el campamento ni incautadas a los campesinos, quienes apenas tenían escopetas viejas y sólo una fue disparada.
Las declaraciones de varios policías y campesinos que sobrevivieron expresan que francotiradores apostados alrededor y no identificados comenzaron a disparar, propiciándose la masacre, menciona el informe, según reporta la agencia Prensa Latina.
La policía hizo fuego indiscriminadamente contra quienes no respondían a los disparos y accedió al lugar ejecutando a todos los campesinos que fue encontrando y ello se demuestra, según el informe, porque muchos murieron por heridas causadas a corta distancia.
El estudio sobre lo sucedido, que incluye la denuncia de detenciones y maltratos a detenidos menores de edad y la colocación de falsas evidencias para inculpar a los labriegos, contrasta con el divulgado sobre el tema, en sentido contrario, por la Fiscalía.
El informe confirma las denuncias del dirigente campesino Rubén Villalba, detenido el 27 de septiembre pasado por su participación en la masacre de Curuguaty. Villalba afirmó que fue la policía quien disparó primero en el enfrentamiento del 15 de junio de este año.
Un informe señaló a la represión policial como responsable de la "Masacre de Curuguaty", utilizada como excusa para deponer al ex presidente. Revelan falsas evidencias para inculpar a los campesinos.
Un documentado informe de la Plataforma de Estudios e Investigaciones de Conflictos Campesinos responsabilizó hoy a la represión policial por el saldo trágico del desalojo campesino en la llamada "masacre de Curuguaty", que derivó en el golpe parlamentario que destituyó al ex presidente paraguayo Fernando Lugo.
El estudio, presentado por el presidente de la Plataforma, el veterano dirigente político Domingo Laino, está avalado por videos, fotos y declaraciones de testigos del episodio ocurrido el pasado junio en la localidad de Curuguaty, que culminó con la muerte de 11 campesinos y seis policías.
El hecho, que conmocionó a la sociedad paraguaya, fue provocado por un supuesto apoyo de Lugo a grupos violentos de labriegos -según se alegó-, que presuntamente emboscaron a la fuerza pública, y constituyó la principal acusación durante el juicio político abierto al mandatario para desalojarlo de su cargo.
El informe, elaborado por un equipo dirigido por el jurista español Altor Martínez, señaló que en el desalojo estuvieron 323 efectivos policiales, que debían negociar la salida del terreno ocupado por 60 campesinos, pero la violencia generó también más de 100 heridos.
Durante una conferencia de prensa, se mostraron videos e imágenes que desmienten la alegada emboscada campesina, pues en la recepción a los policías estaban presentes hasta mujeres y niños, algo insólito si se hubiera preparado un ataque, a la vez que los campesinos actuaron prácticamente desarmados.
El tipo de disparos, sus sonidos y las heridas producto de ellos determinan la utilización de armas de grueso calibre, automáticas, que nunca fueron halladas en el campamento ni incautadas a los campesinos, quienes apenas tenían escopetas viejas y sólo una fue disparada.
Las declaraciones de varios policías y campesinos que sobrevivieron expresan que francotiradores apostados alrededor y no identificados comenzaron a disparar, propiciándose la masacre, menciona el informe, según reporta la agencia Prensa Latina.
La policía hizo fuego indiscriminadamente contra quienes no respondían a los disparos y accedió al lugar ejecutando a todos los campesinos que fue encontrando y ello se demuestra, según el informe, porque muchos murieron por heridas causadas a corta distancia.
El estudio sobre lo sucedido, que incluye la denuncia de detenciones y maltratos a detenidos menores de edad y la colocación de falsas evidencias para inculpar a los labriegos, contrasta con el divulgado sobre el tema, en sentido contrario, por la Fiscalía.
El informe confirma las denuncias del dirigente campesino Rubén Villalba, detenido el 27 de septiembre pasado por su participación en la masacre de Curuguaty. Villalba afirmó que fue la policía quien disparó primero en el enfrentamiento del 15 de junio de este año.
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